24/04/2012

El IBAHRI muestra preocupación ante el acoso en contra de los abogados de la jueza Afiuni, José Amalio Graterol y Thelma Fernánd

El International Bar Association’s Human Rights Institute [Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados] (IBAHRI) ve con preocupación los informes que llegan desde Venezuela con respecto al acoso contra los abogados que están representando a la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra actualmente en régimen de arresto domiciliario.

Se ha informado de que a lo largo del desempeño de su labor profesional, Thelma Fernández y José Amalio Graterol, los dos abogados que representan a la jueza Afiuni, han recibido amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. Dichos actos de intimidación reflejan la disconformidad que existe en algunos sectores con respecto a recientes críticas expresadas por  ambos abogados contra los jueces involucrados en el dictado de la sentencia en el caso Afiuni. Las amenazas son recibidas en un momento en el que la Sra. Fernández y el Sr. Graterol están presentando demandas judiciales frente a violaciones al debido proceso ocurridas durante el caso.

Asimismo, el IBAHRI  tiene entendido que se están preparando acusaciones penales contra la Sra. Fernández y el Sr. Graterol para obstaculizar su trabajo en el caso de la jueza Afiuni.

Sternford Moyo, Presidente del IBAHRI, comentó: "Estos informes reflejan un giro perturbador en el trágico e ilegal caso de la jueza Afiuni, el cual ya ha sido marcado por numerosas violaciones al debido proceso, incluida la del derecho de defensa". Añadió: "Queremos recordar respetuosamente a las autoridades venezolanas que la independencia de la profesión legal es un componente esencial de cualquier democracia constitucional moderna. Por lo tanto, es imperativo que el derecho del equipo de defensa de la jueza Afiuni a ejercer sus labores profesionales, sin temor a interferencias externas, intimidaciones, obstáculos o acoso, sea protegido. Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, establecen que los Gobiernos  están obligados a garantizar que los abogados no sean sometidos a sanciones, o amenazados con represalias, por ninguna acción  llevada a cabo en el  desempeño de sus labores profesionales. Dichos Principios también establecen que, en situaciones donde la seguridad de los abogados esté amenazada como resultado del desempeño de sus funciones, éstos deben ser protegidos adecuadamente por las autoridades. . Como estado miembro de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de cumplir con los requisitos recogidos en los Principios”.

La jueza Afiuni fue inicialmente enviada a prisión el 10 diciembre 2009, por un tiempo de 18 meses, debido a que, amparada por la ley, liberó a un individuo que estaba sometido a prisión preventiva. Tras varias complicaciones de salud, agravadas por la imposibilidad de acceder a tratamiento médico en la prisión, la jueza Afiuni fue trasladada a arresto domiciliario en febrero de 2011. Recientemente, el gobierno de Venezuela extendió la sentencia de arresto domiciliario por al menos dos años más.
FIN

 

Romana St. Matthew - Daniel
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International Bar Association
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