El International Bar Association’s Human Rights Institute (Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, IBAHRI) condena la revocación masiva por parte del Gobierno de Nicaragua de las licencias para ejercer de abogados y notarios, y advierte que la medida vulnera las garantías fundamentales que rigen la independencia de la profesión legal y priva a los ciudadanos de su derecho a una representación legal independiente.

En las últimas semanas, diversos informes indican que alrededor de 2.000 abogados y notarios en Nicaragua y en el exilio han descubierto que sus licencias fueron suspendidas, lo que les impide ejercer. Según se informa, muchos de los abogados afectados no recibieron ninguna notificación previa y descubrieron que sus nombres y números de registro habían sido eliminados únicamente cuando intentaron presentar documentos o comparecer ante un tribunal. Otros se enteraron de la medida a través de cambios en el registro electrónico de la Corte Suprema de Justicia. A los abogados afectados no se les proporcionó notificación previa ni tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia, y no se ha hecho pública ninguna explicación oficial ni fundamento jurídico para las revocaciones.

Según se informa, la medida ha afectado tanto a abogados que se encuentran en Nicaragua como a aquellos que viven en el extranjero, incluidos no solo profesionales conocidos por sus críticas al Gobierno de Ortega-Murillo, sino también abogados que ejercen en áreas apolíticas, como el derecho de familia, y otros que no han sido identificados públicamente con la oposición política. En algunos casos, los clientes de los abogados afectados han recibido una notificación de que las autoridades estatales han designado nuevos defensores de oficio para representarlos.

Un ataque directo a la independencia de la profesión legal

El IBAHRI considera que la revocación masiva de las credenciales profesionales de los abogados es fundamentalmente incompatible con las garantías que deben regir las medidas disciplinarias contra los miembros de la profesión legal.

De conformidad con los Principios 26 a 29 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, los procedimientos disciplinarios contra un abogado deben basarse en los códigos de conducta profesional establecidos y en otras normas reconocidas de la profesión legal, y deben resolverse mediante procedimientos justos ante un comité disciplinario imparcial establecido por la profesión legal, una autoridad independiente prevista por la ley o un tribunal, y estarán sujetos a revisión judicial.

Por lo tanto, la revocación generalizada de credenciales profesionales de la que se ha informado, sin notificación, exposición de motivos, audiencia ni posibilidad de revisión independiente, plantea serias preocupaciones en virtud de estas normas internacionales y sugiere un acto de control político y disuasión, en lugar de una medida regulatoria legítima.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) también ha advertido sobre una “purga silenciosa de la profesión legal”, y ha descrito la medida como una nueva escalada en el desmantelamiento del Estado de derecho, además de advertir sobre sus consecuencias para el derecho a la defensa legal; en particular, al eliminar por completo el derecho de los ciudadanos a dicha defensa.

Mark Stephens CBE, copresidente del IBAHRI, comentó: “Despojar a los abogados de sus licencias sin explicación ni derecho alguno a responder es incompatible con las garantías más básicas de la disciplina profesional. Se trata de un intento deliberado de eliminar a uno de los últimos grupos profesionales capaces de defender los derechos de los ciudadanos. Un Poder Judicial sin independencia y una profesión legal que no puede ejercer dejan a las personas en Nicaragua sin recurso alguno. La comunidad internacional no debe permitir que esto quede sin respuesta”.

Hina Jilani, copresidenta del IBAHRI, afirmó: “Una profesión legal independiente es indispensable para el Estado de derecho. Cuando se puede impedir que los abogados ejerzan sin el debido proceso, los clientes pierden una garantía esencial frente a las actuaciones arbitrarias del Estado. Este es un grave ataque al acceso a la justicia y representa un paso más hacia la consolidación del régimen autoritario”.

Parte de una erosión más amplia del Estado de derecho

La revocación masiva de las licencias de los abogados se produce en el contexto de un patrón más amplio de deterioro del acceso a la justicia en Nicaragua.

El IBAHRI señala que las medidas se producen tras la reestructuración llevada a cabo por las autoridades y la consolidación de su control sobre las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. Asimismo, se producen después de reformas constitucionales que reforzaron el control del Poder Ejecutivo sobre otros poderes y organismos del Estado. El 19 de julio de 2026, el presidente Daniel Ortega declaró públicamente que Nicaragua no celebraría más elecciones, lo que en la práctica puso fin al proceso electoral que se esperaba para noviembre de 2027 y eliminó incluso la apariencia de un mecanismo constitucional para un cambio de gobierno.

La pérdida de representación legal independiente genera un vacío de rendición de cuentas

Los medios de subsistencia de los numerosos abogados afectados se encuentran en grave riesgo, ya que no tienen forma de continuar con sus actividades profesionales ni de impugnar la medida. El impacto de la medida va más allá de la vulneración de derechos individuales. Una profesión legal independiente es una condición indispensable para el Estado de derecho y para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia, impugnar las actuaciones del Estado y hacer valer sus derechos ante los tribunales y otras autoridades. Cuando la independencia judicial ya se ha debilitado, eliminar o controlar la representación legal independiente genera un vacío de rendición de cuentas en el que los abusos de poder no pueden ser objeto de impugnación judicial, lo que reduce aún más las vías disponibles para quienes buscan reparación por la vía judicial.

El IBAHRI pide que se adopten medidas de inmediato

El IBAHRI insta al Gobierno de Nicaragua a:

• restablecer de inmediato las credenciales profesionales de los abogados y notarios afectados por la medidar, salvo que un caso individual se resuelva mediante un procedimiento disciplinario legal, transparente e independiente;

• garantizar que todos los procedimientos disciplinarios relativos a abogados se lleven a cabo de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, incluidos los derechos a una audiencia justa y a una revisión judicial independiente;

• garantizar la independencia de la profesión legal y del Poder Judicial, libres de injerencia política; y

• garantizar que las personas en Nicaragua mantengan un acceso efectivo a la representación legal de su elección, incluida la posibilidad de impugnar las actuaciones del Estado ante un tribunal independiente e imparcial.

Asimismo, el IBAHRI insta a los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales, los colegios y asociaciones de abogados y otros organismos profesionales del ámbito jurídico a plantear este asunto ante las autoridades nicaragüenses, apoyar a los abogados que han sido inhabilitados para ejercer o forzados al exilio y utilizar los mecanismos diplomáticos disponibles para exigir el restablecimiento de una profesión legal independiente y de un acceso efectivo a la justicia en Nicaragua.
**FIN**

Contacto: IBAHRI@int-bar.org

Notas:

1. Antecedentes
   

   Desde 2018, parece haber existido una campaña sostenida por parte de las autoridades nicaragüenses para desmantelar las instituciones independientes y reprimir cualquier forma de oposición que, según informes de las Naciones Unidas, obligó a más de 5000 organizaciones no gubernamentales a dejar de funcionar, provocó el cierre de al menos 37 universidades e instituciones de educación superior y despojó de su nacionalidad a más de 450 líderes de la oposición, expulsándolos del país. A partir de octubre de 2023, la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y destituyó a más de mil magistrados y empleados judiciales. En enero de 2025, un conjunto de reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional reestructuró la Presidencia y estableció una copresidencia compartida por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo; amplió el mandato presidencial de cinco a seis años; y eliminó la separación de poderes en el país al otorgar a los copresidentes autoridad sobre los órganos legislativos, judiciales, electorales y de supervisión del Estado. El 19 de julio de 2026, con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Ortega declaró que Nicaragua no celebraría más elecciones.

2. La International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados, IBA), voz mundial de la profesión legal, es la organización internacional líder de profesionales jurídicos, colegios de abogados y asociaciones profesionales del ámbito jurídico. Establecida en 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas, nació de la convicción de que una organización compuesta por asociaciones de abogados de todo el mundo podía contribuir a la estabilidad y la paz mundiales mediante la impartición de justicia.

3. El International Bar Association’s Human Rights Institute (Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, IBAHRI), establecido en 1995 bajo la presidencia honoraria fundadora de Nelson Mandela, es una entidad autónoma que trabaja para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos en el marco de un Estado de derecho justo, así como para preservar la independencia del Poder Judicial y de la profesión legal en todo el mundo.

Enlace del sitio web para este comunicado de prensa:
Enlace corto: tinyurl.com/529uw3vs
Enlace completo: www.ibanet.org/El-IBAHRI-condena-la-revocación-masiva-de-licencias-de-abogados-en-Nicaragua-ante-la-creciente-consolidación-del-régimen-autoritario