La Legal Policy Task Force Covid-19 de la IBA emite un informe sobre la optimización de la gestión de pandemias

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La Legal Policy Task Force Covid-19 de la International Bar Association (IBA) ha emitido un informe detallando el impacto de la pandemia en áreas legales clave y formulando recomendaciones concretas y factibles para mejorar la gestión de pandemias en el futuro. Las recomendaciones se presentaron durante el Presidential Showcase como parte del IBA Global Showcase el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 1400 BST.

La Task Force Covid-19 de la IBA ha estudiado el impacto de la pandemia en los sistemas legales internacionales identificando los éxitos y fracasos de esos sistemas al afrontarla, formulando recomendaciones prácticas para la reforma de las normas vigente o la promulgación de nuevas normas para mejorar la respuesta global a las pandemias.

La Task Force está co-dirigida por Almudena Arpón de Mendívil, Vicepresidenta de la IBA y Socia de Gómez-Acebo & Pombo en Madrid, España; el iniciador del proyecto, Harry Rubin, Socio y Presidente de Transacciones de Tecnología y Propiedad Intelectual de Kramer Levin en Nueva York, Estados Unidos y ex Presidente de la Sección de Tecnología de la IBA; y Peter Bartlett, Presidente de la División de Práctica Legal de la IBA y Socio de MinterEllison en Melbourne, Australia. Los miembros de la Task Force son los Co-Presidentes de aquéllos comités de la IBA cuyo objeto y nivel de conocimiento son especialmente relevantes para la COVID-19.

Arpón de Mendívil señaló: "La pandemia ha puesto en evidencia la disparidad entre regímenes jurídicos. Aunque algunos están resultando eficaces, otros son profundamente inadecuados. Cuando más de 4 millones de personas en el mundo han muerto de COVID-19, nuestro informe trasciende cuestiones políticas con propuestas para fomentar que gobiernos y legisladores del mundo sumen sus fuerzas para gestionar la pandemia actual y prevenir las futuras. Sin duda, como ocurre con tantas cosas en la vida, en el centro de una respuesta global está el Derecho".

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Rubin señaló: "La COVID-19 es la catástrofe global más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Las pandemias deben ser tratadas como lo que son: amenazas globales existenciales de primer orden, que desafían fronteras. Como tales, requieren un esfuerzo de política jurídica de colaboración globalmente coordinado. El informe se centra en la necesidad urgente de mejorar la cooperación y la colaboración internacionales mediante la reforma de la política jurídica, para optimizar la gestión de las pandemias y proteger a las poblaciones".

Bartlett señaló: "El objetivo a largo plazo de la comunidad internacional debe incluir un tratado mundial sobre las pandemias. Hasta entonces, las mejoras de los regímenes internacionales existentes en áreas específicas optimizarán el esfuerzo actual y ayudarán a controlar el impacto de futuras pandemias".

Antes de alcanzar el objetivo de la Task Force de elaborar un tratado internacional sobre pandemias, el grupo sugiere que se mejoren los regímenes existentes y se busque un acuerdo multilateral en distintas áreas en las que es más probable que se logre rápidamente un consenso mundial, entre ellas:

• Rapidez en la notificación científica de los brotes pandémicos, sin interferencias políticas, que permita investigar las causas de la pandemia y promulgar leyes que eviten su repetición;
• Armonización de los controles fronterizos, de los viajes, de las entradas en los aeropuertos, de las aduanas, de las normas de importación-exportación y de los transportes, incluido el establecimiento de un protocolo internacional para la comunicación anticipada de los cierres de fronteras;
• Coordinación de las leyes que regulan los tratamientos terapéuticos y las vacunas para una aprobación rápida junto con el reconocimiento internacional recíproco de las aprobaciones y registros nacionales; y
• Establecimiento de una autoridad en materia de pandemia en cada país aislada de interferencias políticas y que actúe con sólidas pruebas científicas para regular la comunicación entre países, reforzar la transmisión de conocimientos y revisar el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el Grupo de Trabajo identificó las áreas clave implicadas por la pandemia así como las consecuencias y los resultados de la normativa vigente; estudió las implicaciones de las normas aplicables para la coordinación y la colaboración internacionales; identificó las regulaciones nacionales que funcionaron en la respuesta a la pandemia; y arrojó luz sobre las normas que impidieron una respuesta nacional a COVID-19.

A continuación, se enumeran las áreas específicas objeto de estudio junto con una selección de las principales recomendaciones de la Task Force.

Sanidad y Life Sciences:

• Simplificar la aprobación de productos terapéuticos, diagnósticos, pruebas, tratamientos y vacunas mediante una autorización reglamentaria de emergencia acelerada y el reconocimiento internacional recíproco de las aprobaciones.
• Autorizar legalmente el intercambio internacional de datos sanitarios digitales anonimizados/no identificados y la telemedicina para las pruebas y vacunas pandémicas.

Comunicaciones:

• Relajar los requisitos de consentimiento individual para permitir la implementación del rastreo de contactos; y
• Almacenar los datos de rastreo de contratos con una autoridad independiente a la que sólo puedan acceder las autoridades sanitarias nacionales con fines pandémicos para limitar el uso y la difusión ilícitos de los datos.

Propiedad Intelectual y Entretenimiento:

• Convertir los tratamientos médicos en accesibles a nivel mundial; y
• Aplicar cuidadosamente las licencias obligatorias de patentes en las pandemias, permitiendo a la comunidad mundial el acceso a las vacunas y a otros productos médicos.

Empleo y relaciones laborales:

• Establecer principios internacionales para las pruebas y vacunaciones obligatorias siempre que las vacunas estén disponibles a nivel mundial; y
• Definir el estatuto jurídico del trabajador internacional a distancia y adoptar garantías globales mínimas de seguridad social.

Comercio y distribución internacional:

• Aplicar el principio general de buena fe para resolver las disputas relacionadas con la pandemia y, en consonancia con las obligaciones de buena fe, las partes deberían estar obligadas a renegociar los contratos para mitigar las consecuencias adversas de la pandemia; y
• Adoptar, para sectores comerciales específicos, cláusulas y procedimientos de fuerza mayor que aborden expresamente la COVID-19.

Tecnología:

• Implementar la anonimización de datos y la minimización del uso de datos personales identificables para evitar que la contención de la pandemia se vea obstaculizada por los requisitos de consentimiento de divulgación de datos; y
• Establecer principios internacionales sólidos para proteger la ciberseguridad, el espacio digital, la privacidad digital y el almacenamiento de información sensible.

Inmigración y nacionalidad:

• Limitar la derogación del principio de libre circulación de las personas consagrado en los tratados multilaterales y en el derecho internacional de derechos humanos, mediante el uso de cierres de fronteras, prohibiciones de viaje y restricciones de viaje en las emergencias sanitarias únicamente si es (i) proporcionado; (ii) basado en la evidencia; y (iii) si supera claramente los daños sociales y económicos; y
• La OMS debería desempeñar un papel de liderazgo en la revisión del uso y el abuso de las prohibiciones de viajar y proporcionar una orientación clara sobre las medidas adecuadas y proporcionadas.

Defensa de la Competencia:

• Flexibilizar las actuaciones preventivas (concentraciones) y represivas (investigaciones) cuando las empresas luchan por sobrevivir a las pandemias; y
• Las autoridades deben interpretar las potenciales conductas anticompetitivas en el contexto de una pandemia.

Anticorrupción:

• Garantizar la coordinación mundial de los esfuerzos de detección y aplicación de la normativa anticorrupción tanto para los gobiernos como para el sector privado, con el fin de garantizar la adquisición y el suministro adecuados de productos esenciales para la pandemia.

La Task Force es consciente de que sus recomendaciones están diseñadas para su aplicación en países desarrollados que cuentan con un marco legal sofisticado. Las recomendaciones pueden no resultar adecuadas para países en vías de desarrollo. La Task Force considerará la posibilidad de completar una segunda fase de su investigación con las opiniones y conocimiento de profesionales del derecho de países en vías de desarrollo.

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