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El IBAHRI insta al Presidente Nayib Bukele a no ignorar el estado de derecho en El Salvador en medio de la pandemia de Covid-19

Thursday 9 April 2020

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En una carta abierta al Presidente de El Salvador (en la foto), el Sr. Nayib Bukele, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) lo llamó a tomar medidas para defender el estado de derecho y respetar los derechos humanos fundamentales mientras se toman medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Firmado conjuntamente por los Copresidentes de IBAHRI, el Hon Michael Kirby AC CMG y Anne Ramberg Dr Jur hc, la carta fue escrita en respuesta a informes de las medidas arbitrarias del presidente Bukele tomadas como parte del bloqueo impuesto a El Salvador el 21 de marzo.

En una declaración separada, el presidente de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), Horacio Bernardes Neto, dijo: ‘La situación en El Salvador es preocupante. Si bien ciertas medidas son necesarias para frenar la propagación de COVD-19, ha habido un grave desprecio por el estado de derecho ". Añadió: "A medida que el mundo enfrenta una crisis sin precedentes, la IBA se compromete a continuar defendiendo el estado de derecho y con la cooperación de periodistas independientes de todo el mundo, destacará las interrupciones innecesarias y desproporcionadas en la administración de justicia.”

Hasta el 7 de abril, se informa que más de 850 personas han sido detenidas innecesariamente en centros de contención por violar la obligación de cuarentena domiciliar. También se ha comunicado al IBAHRI que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha hecho una declaración en la que amenaza a los ciudadanos que rompen la cuarentena domiciliaria con ser llevados a un centro de detención donde “pueden contagiarse de COVID-19'. Además, hay más de 4000 ciudadanos que no pueden regresar a El Salvador debido a restricciones de viaje impuestas por el gobierno. Algunos de los que regresaron antes de la prohibición de viajar están recluidos en condiciones sanitarias en hoteles, mientras que otros han sido enviados a condiciones que no son aptas para confinamiento masivo debido a la falta de acceso a instalaciones de higiene, alimentos o agua.

Si bien reconocemos "los esfuerzos realizados por el Gobierno de El Salvador para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus", el IBAHRI insta al presidente Bukele a cumplir con las demandas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, incluida la garantía de que las personas en cuarentena sean tratadas con dignidad y que sean devueltos a sus hogares en el caso de continuar la cuarentena obligatoria. En la carta abierta, los Copresidentes declaran: "El IBAHRI insta a El Salvador a liberar a los detenidos arbitrariamente y proporcionar inmediatamente a los detenidos acceso a disposiciones esenciales". Continúan: "Si bien se requieren ciertas medidas de emergencia para garantizar la salud pública de los ciudadanos, estas medidas deben ser proporcionadas, temporales y garantizar el respeto de los derechos humanos de un individuo. El imperio de la ley debe prevalecer en tiempos de crisis, por lo que es imperativo que el gobierno salvadoreño defienda las decisiones promulgadas por la Corte Suprema ". Al momento de escribir esto, algunas personas fueron liberadas pero muchas permanecen detenidas.

fotografiar por PresidenciaSV, distribuido bajo un CC-BY 2.0 license.

Además, el IBAHRI pide al presidente Bukele que garantice la eficiencia en la distribución de los subsidios gubernamentales, y condena el uso de gas de pimienta por parte de la policía para dispersar a las multitudes que se habían reunido para recibir ayuda financiera a la luz de la pandemia. Dicha acción viola el Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político (PIDCP) que establece que en tiempos de emergencia pública, las medidas para restringir las libertades fundamentales solo pueden llevarse a cabo de una manera que no sea incompatible con otras obligaciones bajo las obligaciones internacionales ley. Esto también es una violación de los Principios de Siracusa, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, que establecen que las restricciones de emergencia durante una crisis de salud deberían ser menos intrusivas para lograr el objetivo. La detención de personas en centros de contención es una violación de los derechos humanos garantizada por el Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que establece que nadie será sometido a arresto arbitrario, detención o exilio.

En la carta, el IBAHRI también subraya la importancia del derecho a la libertad de información y expresión en este momento crítico, después de los poderes presidenciales de emergencia iniciales que restringieron el "derecho a la libertad de expresión sin persecución". Desde entonces, se ha revocado el decreto que suspende los artículos de la Constitución de El Salvador que garantizan la libertad de expresión sin persecución. Sin embargo, el IBAHRI ha recibido informes de que los periodistas que critican al gobierno enfrentan ataques en las plataformas de redes sociales, fundamentalmente oponiéndose al derecho a la libertad de expresión sin amenaza de persecución.

Con respecto a este asunto, los Copresidentes afirman: “El IBAHRI se compromete a defender una prensa libre y vibrante. El derecho a la libertad de información y expresión en este momento se vuelve aún más crucial. Estos derechos fundamentales son pilares esenciales para defender el estado de derecho. Es de gran preocupación ver los ataques realizados en las plataformas de redes sociales contra periodistas que hablan en contra de las acciones del gobierno. El Procurador General para la defensa de los derechos humanos en El Salvador lo denunció, incluidas las restricciones para hacer preguntas en conferencias de prensa informativas sobre COVID-19, e informa que la Policía y el Ejército Nacional Cívico han estado "destruyendo material periodístico". Esto está lejos de ser una medida proporcional implementada para proteger la salud de los ciudadanos de El Salvador, pero una medida arbitraria implementada bajo la apariencia de esta crisis global para extender el poder del gobierno."

FIN

Notas al editor

  1. Copresidente de IBAHRI El Hon Michael Kirby AC CMG fue juez del Tribunal Superior de Australia (1996-2009) y anteriormente ocupó cargos internacionales, incluso como presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte (2013-2014) .
  2. La Copresidenta de IBAHRI, Anne Ramberg Dr Jur hc es la ex Secretaria General Inmediata del Colegio de Abogados de Suecia (2000-2019) y ha desempeñado una serie de tareas, incluso como juez ad hoc del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
  3. El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), una entidad autónoma y financieramente independiente, trabaja para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos bajo un estado de derecho justo, y para preservar la independencia del poder judicial y de la abogacía en todo el mundo.
  4. La International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados o IBA) – la voz de la profesión legal– es la principal organización de profesionales legales, colegios y asociaciones de abogados y abogadas internacionales. Establecida en 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas nació de la convicción que una organización mundial de colegios de abogados contribuiría a la estabilidad global y a la paz a través de la administración de la justicia.

Para más información, sírvase ponerse en contacto con:

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Correo electrónico: romana.daniel@int-bar.org
Sitio web: www.ibanet.org

Enlace para descarga directa de un PDF de la carta abierta de IBAHRI
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